Derecho de socorro

La denuncia de la WACR relacionada con las emisiones electromagnéticas que según la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 259 dice: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de Instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal o Funcionario fiscal más próximo al sitio que se hallare… Recordando asimismo que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece en el apartado 1 de su artículo 450 que “El que pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, liberta… será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la multa de seis a veinticuatro meses en los demás casos salvo que al delito no impedido le correspondiera igual o menor pena inferior en grado a la de aquel” y en el apartado 2 que “En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia”.

IARC International Agency for Research on Cancer como la OMS, reconocen que actualmente está científicamente constatada la potencial peligrosidad de los campos electromagnéticos y de las radiaciones electromagnéticas constituyen un POSIBLE FACTOR CANCERÍGENO –entre otras patologías-. La propia Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –organismo al que pertenece España- aprobó en mayo de 2.011 una resolución en la que se pide a todos los gobiernos europeos la adopción de “medidas” para reducir los niveles de exposición a las radiaciones electromagnéticas y la aplicación del “Principio de Precaución”. Y en consecuencia, las agresiones electromagnéticas intencionadas vulneran claramente varios DERECHOS FUNDAMENTALES regulados por nuestra Constitución, norma de rango superior a cualquier otra ley o reglamento que pudiera alegarse para justificar su presencia. Concretamente se están violando los derechos de cualquier ciudadano sometido a ellas. A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA (artículo 15 de nuestra constitución), a la LIBERTAD Y SEGURIDAD EN CUALQUIER ÁMBITO (artículo 17), a la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO (artículo 18) y A LA LIBRE ELECCIÓN DE RESIDENCIA (artículo 19) al forzar dejar sus viviendas huyendo de las radiaciones > moobing inmobiliario. Y, asimismo vulnera los DERECHOS FUNDAMENTALES de los menores regulados en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor cuyo artículo 3 establece que gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España es parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Cabe añadir, que el apartado 1 del artículo 43 de la Constitución reconoce “el derecho a la protección de la salud” de los ciudadanos explicando el apartado 2 que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. A lo que cabe añadir que el artículo 51 dice en su apartado 1 que “los poderes públicos garantizarán la defensa de los ciudadanos protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad y la salud de los mismos.

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